Con 16 años, Alba Doblas Miranda ingresó en la Juventudes Comunistas. Perteneció al Comité Provincial de Córdoba. En los años noventa ingresó en el Partido Comunista de Andalucía. Partícipe en el Consejo Local de Córdoba de IU-LV-CA, ha sido concejal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba desde mayo de 2009 hasta mayo de 2011, ocupando la delegación de Gestión, Salud Pública y Defensa del Consumidor. En las elecciones autonómicas de marzo de 2012 encabezó la lista de IU y obtuvo escaño en el Parlamento de Andalucía.
El pasado viernes visitó Montalbán de Córdoba acompañada de Antonio Maillo, director general de Administración Local de la Junta de Andalucía, para hablar en una asamblea informativa sobre la Resolución de la Comisión de Investigación de los ERE así como de los Presupuestos de la Junta de Andalucía. Al acto, que se celebró en la Casa de la Cultura, acudieron alrededor de un centenar de personas. En Montalbán Digital aprovechamos la ocasión para entrevistarla.
—¿Para qué ha servido la Comisión de Investigación de los ERE en Andalucía?
—Yo diría que cualquier Comisión de Investigación sirve siempre para poner de manifiesto una situación de crisis. Además, hace visible que ha habido una corrupción, dejando claro, frente a la gente, la actuación de cada uno de los partidos políticos frente a esa corrupción. Es decir que, en cualquier caso, se ha demostrado una actuación frente a la corrupción.
Por otro lado, cada partido político tiene unas conclusiones al respecto que se han hecho públicas y que definen claramente cuál su la postura frente a todo aquello que se ha puesto de manifiesto. Por tanto, la Comisión ha servido para mucho, entre otras cosas porque ha tenido una publicidad enorme. Es la primera vez que se hace ese ejercicio de transparencia, de cuestionarios delante de las cámaras, de que acudan miembros destacados de anteriores Gobiernos y de este Gobierno, etc.
Después, se han emitido unas conclusiones que, aunque no estén aprobadas por el Parlamento, están al alcance de todo el mundo y permiten sacar una conclusión a cualquiera.
—¿Va a ir alguien a la cárcel? ¿Qué responsabilidades va a haber y hasta dónde se va a llegar después de la Comisión?
—Nosotros siempre hemos tenido claro que lo que no íbamos a hacer era un juicio paralelo, para esto está la justicia. Esta es una misión de los jueces, si es que realmente cumplen con su misión, porque hasta ahora me preocupa bastante las dilaciones en el procedimiento que van a acabar por que algunos no se les pueda buscar.
Nosotros lo que intentamos buscar es una responsabilidad política y un procedimiento. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se ha llegado a esto? y ¿por qué? Descubrir la clave del procedimiento político para evitar que eso se vuelva a producir otra vez. Esa es la función que tiene que cumplir la Comisión de Investigación. La función de enchironar, de encarcelar o castigar a los que han cometido delitos corresponde a la justicia.
En muchas ocasiones en la Comisión de Investigación hemos oído decir: “pero es que esto era legal” y, en tantas otras, hemos respondido nosotros: “legal es utilizar un procedimiento legal para su fin. Lo que no es legal es un fraude de ley, es decir, ampararse en lo legal, para conseguir un fin distinto”.
Esto tiene una responsabilidad política grave y era lo que tratábamos de descubrir. La Administración tiene que estar en todo momento sujeta a las propias leyes que hacen. Es decir, el poder legislativo está para sujetar a la Administración, como el poder judicial está para controlar al resto de poderes y no sólo para encarcelar a los ciudadanos.
Por tanto, hemos estado haciendo una función política y el descubrir quién cometió delito corresponderá a la Justicia. Nuestra función era determinar que hubo un procedimiento que se utilizó fraudulentamente, por muy legal que fuera, para que se aprovecharan los que no tenían que aprovecharse. Ése era nuestro oficio y yo creo que IU lo ha realizado.
—Según han explicado, uno de los problemas de los presupuestos de este año es el hecho de que los ingresos propios de la Junta de Andalucía han disminuido y esto se une al aumento en la dependencia de los ingresos del Estado, que ha reducido las transferencias. ¿Se está pensando o poniendo en marcha algún tipo de medida o política para que Andalucía, tal y como explicáis, no dependa tanto de fuera?
—Primero, hay que partir de que tenemos un modelo autonómico y no federal. Es un modelo que hoy se está cuestionando y que nosotros hemos entrado en ese debate, puesto que siempre hemos defendido un estado federal. Es cierto que la Constitución no establece un sistema financiero y que, por tanto, en ese sentido habría que reequilibrar. Es decir, nosotros propugnamos la reforma de la Constitución para equilibrar, no para descompensar y dar más poder al norte sobre el sur.
En segundo lugar, dentro de nuestras posibilidades IU ha defendido dentro del Gobierno, y eso se verá el próximo año, la Ley de Fiscalidad y de Financiación. Estamos hablando de que para nosotros lo fundamental es la obtención de ingresos por encima de la contención del gasto y en esa obtención de ingresos apostamos por la fiscalidad ecológica y por una fiscalidad que incida de verdad sobre los que más tienen y no sobre los trabajadores y trabajadoras: impuestos sobre grandes superficies, sancionar económicamente la vivienda vacía, incidir sobre esa banca que se está llevando todos los beneficios pero no que sufre ninguna pérdida, algo que si está padeciendo el conjunto de la población.
—¿Cree que se ha hecho el máximo esfuerzo de ahorro en estos presupuestos para reducir gastos en la Administración?
—Esto es un camino que ha empezado. Lo que no podemos pretender es que estos presupuestos sean una revolución, porque no lo son. Son unos presupuestos dentro del sistema y en un determinado contexto económico creado por dicho sistema. Por tanto, no son unos presupuestos que vayan a derrocar las instituciones y vayan a acabar con todo un sistema establecido.
Sí, se está haciendo todo lo posible pero eso es un proceso que no acaba ni hoy, ni dentro de un año, tenemos toda una legislatura para realizarlo. Y sí, es necesario una reforma profunda de la Administración, una reorganización que permita una mayor eficiencia de todos los recursos.
—En los últimos días se habla mucho del Pacto por Andalucía. ¿Qué hay de verdad en todo ello? ¿Se va a llevar a cabo con todos los partidos del arco parlamentario? ¿Qué medidas contra el desempleo se van a llevar dentro de dicho pacto?
—Cuando se habla de grandes pactos, yo creo que se habla de grandes impulsos. Pienso que más que un pacto con todos los grandes partidos, que caería en el error gravísimo de institucionalizarse, lo que hay que buscar es un pacto con la gente. Estamos hablando de buscar un acuerdo de Gobierno que ponga acento sobre lo público, para no desmantelar todos los servicios públicos andaluces.
También debe poner énfasis sobre el empleo. En este sentido hay diversas propuestas sobre la mesa, entre otras la ultima campaña de recogida de firmas que está llevando a cabo IU por todos los municipios andaluces para un Plan Especial de Empleo en la agricultura para que no haga depender al campo de un número de jornales determinados.
Estamos hablando de un pacto con los comerciantes y autónomos que permita que se los incentive para que creen empleo, para que salgan adelante, para que se vuelva al comercio familiar, para que volvamos los ojos hacia la potenciación de ese mercado.
Pero, en ningún caso, creemos desde IU en grandes pactos institucionales porque se quedarían en eso. Además, no irían acompañados de sindicatos, pequeños y medianos empresarios, economía social, de la población agrícola… y ese pacto no serviría para nada. Aparte de todo esto, no creo que el PP vaya a comulgar con un pacto que perviva con lo público o que fomente el empleo porque no le interesa ya que ha demostrado que lo que quiere es la destrucción de puestos de trabajo precisamente para beneficiar a la gran empresa y como prueba ahí está la reforma laboral.
—Uno de los puntos principales de vuestro programa electoral era la reforma de la Ley Electoral en Andalucía. ¿Cómo va este tema?
—Creemos que lo primero es la Ley de Participación Ciudadana, que tiene que ir de la mano de la Ley de Transparencia. Una vez que esto salga adelante, vendrá la Reforma de Ley Electoral por sí sola.
—Qué opinión le merece que el diputado autonómico de IULV-CA, Juan Manuel Sánchez Gordillo, haya mostrado su apoyo a la manifestación convocada por la plataforma de apoyo a los presos de ETA.
—He de reconocer que desconozco las circunstancias y el contexto que rodea todo esto. No sé en qué condiciones se pide, ni si eso conlleva un paso político más allá. Pero he de decir que yo sí estoy a favor del acercamiento de cualquier preso, no sólo de los de ETA, a sus lugares de origen. Esa es una de las grandes asignaturas pendientes del sistema penitenciario en este país. Tenemos escasez de cárceles para la gran población reclusa que hay y, teniendo en cuenta que el código penal español es el código penal de los pobres, eso implica que el acercamiento a sus familias es nulo. En muchas ocasiones los familiares no se pueden pagar ni el autobús.
No es que yo quiera la proliferación de cárceles, ni muchísimo menos, pero si este esto es lo que tenemos, el sistema penitenciario debería de estar mucho más humanizado de lo que está ahora. Por tanto, sí, estoy a favor del acercamiento de cualquier preso a su lugar familiar.
—¿Cómo se vive desde IU que las encuestas electorales cada vez favorezcan más a su formación?
—No podía ser de otra manera. Pero Creo que vienen muy marcadas por la situación de crisis. Asistimos también a un gran escepticismo, es decir, nosotros subimos pero la abstención sube también y ese escepticismo es producto de un sistema bipartidista al que le interesa reducir la democracia. Y ahí está Reforma de la Ley Bases de Régimen Local que lo único que trata es de reducir la democracia. Las instituciones en las que más cree el ciudadano, las que le son más directas y cercanas son las primeras que van a atacar.
Ese escepticismo es lo que más me preocupa en estos momentos porque la subida en las encuestas, mientras sigamos siendo honestos, honrados, que lo vamos a seguir siendo, mientras sigamos con la gente y procuremos su participación, esa subida se tiene que dar.
El pasado viernes visitó Montalbán de Córdoba acompañada de Antonio Maillo, director general de Administración Local de la Junta de Andalucía, para hablar en una asamblea informativa sobre la Resolución de la Comisión de Investigación de los ERE así como de los Presupuestos de la Junta de Andalucía. Al acto, que se celebró en la Casa de la Cultura, acudieron alrededor de un centenar de personas. En Montalbán Digital aprovechamos la ocasión para entrevistarla.
—¿Para qué ha servido la Comisión de Investigación de los ERE en Andalucía?
—Yo diría que cualquier Comisión de Investigación sirve siempre para poner de manifiesto una situación de crisis. Además, hace visible que ha habido una corrupción, dejando claro, frente a la gente, la actuación de cada uno de los partidos políticos frente a esa corrupción. Es decir que, en cualquier caso, se ha demostrado una actuación frente a la corrupción.
Por otro lado, cada partido político tiene unas conclusiones al respecto que se han hecho públicas y que definen claramente cuál su la postura frente a todo aquello que se ha puesto de manifiesto. Por tanto, la Comisión ha servido para mucho, entre otras cosas porque ha tenido una publicidad enorme. Es la primera vez que se hace ese ejercicio de transparencia, de cuestionarios delante de las cámaras, de que acudan miembros destacados de anteriores Gobiernos y de este Gobierno, etc.
Después, se han emitido unas conclusiones que, aunque no estén aprobadas por el Parlamento, están al alcance de todo el mundo y permiten sacar una conclusión a cualquiera.
—¿Va a ir alguien a la cárcel? ¿Qué responsabilidades va a haber y hasta dónde se va a llegar después de la Comisión?
—Nosotros siempre hemos tenido claro que lo que no íbamos a hacer era un juicio paralelo, para esto está la justicia. Esta es una misión de los jueces, si es que realmente cumplen con su misión, porque hasta ahora me preocupa bastante las dilaciones en el procedimiento que van a acabar por que algunos no se les pueda buscar.
Nosotros lo que intentamos buscar es una responsabilidad política y un procedimiento. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se ha llegado a esto? y ¿por qué? Descubrir la clave del procedimiento político para evitar que eso se vuelva a producir otra vez. Esa es la función que tiene que cumplir la Comisión de Investigación. La función de enchironar, de encarcelar o castigar a los que han cometido delitos corresponde a la justicia.
En muchas ocasiones en la Comisión de Investigación hemos oído decir: “pero es que esto era legal” y, en tantas otras, hemos respondido nosotros: “legal es utilizar un procedimiento legal para su fin. Lo que no es legal es un fraude de ley, es decir, ampararse en lo legal, para conseguir un fin distinto”.
Esto tiene una responsabilidad política grave y era lo que tratábamos de descubrir. La Administración tiene que estar en todo momento sujeta a las propias leyes que hacen. Es decir, el poder legislativo está para sujetar a la Administración, como el poder judicial está para controlar al resto de poderes y no sólo para encarcelar a los ciudadanos.
Por tanto, hemos estado haciendo una función política y el descubrir quién cometió delito corresponderá a la Justicia. Nuestra función era determinar que hubo un procedimiento que se utilizó fraudulentamente, por muy legal que fuera, para que se aprovecharan los que no tenían que aprovecharse. Ése era nuestro oficio y yo creo que IU lo ha realizado.
—Según han explicado, uno de los problemas de los presupuestos de este año es el hecho de que los ingresos propios de la Junta de Andalucía han disminuido y esto se une al aumento en la dependencia de los ingresos del Estado, que ha reducido las transferencias. ¿Se está pensando o poniendo en marcha algún tipo de medida o política para que Andalucía, tal y como explicáis, no dependa tanto de fuera?
—Primero, hay que partir de que tenemos un modelo autonómico y no federal. Es un modelo que hoy se está cuestionando y que nosotros hemos entrado en ese debate, puesto que siempre hemos defendido un estado federal. Es cierto que la Constitución no establece un sistema financiero y que, por tanto, en ese sentido habría que reequilibrar. Es decir, nosotros propugnamos la reforma de la Constitución para equilibrar, no para descompensar y dar más poder al norte sobre el sur.
En segundo lugar, dentro de nuestras posibilidades IU ha defendido dentro del Gobierno, y eso se verá el próximo año, la Ley de Fiscalidad y de Financiación. Estamos hablando de que para nosotros lo fundamental es la obtención de ingresos por encima de la contención del gasto y en esa obtención de ingresos apostamos por la fiscalidad ecológica y por una fiscalidad que incida de verdad sobre los que más tienen y no sobre los trabajadores y trabajadoras: impuestos sobre grandes superficies, sancionar económicamente la vivienda vacía, incidir sobre esa banca que se está llevando todos los beneficios pero no que sufre ninguna pérdida, algo que si está padeciendo el conjunto de la población.
—¿Cree que se ha hecho el máximo esfuerzo de ahorro en estos presupuestos para reducir gastos en la Administración?
—Esto es un camino que ha empezado. Lo que no podemos pretender es que estos presupuestos sean una revolución, porque no lo son. Son unos presupuestos dentro del sistema y en un determinado contexto económico creado por dicho sistema. Por tanto, no son unos presupuestos que vayan a derrocar las instituciones y vayan a acabar con todo un sistema establecido.
Sí, se está haciendo todo lo posible pero eso es un proceso que no acaba ni hoy, ni dentro de un año, tenemos toda una legislatura para realizarlo. Y sí, es necesario una reforma profunda de la Administración, una reorganización que permita una mayor eficiencia de todos los recursos.
—En los últimos días se habla mucho del Pacto por Andalucía. ¿Qué hay de verdad en todo ello? ¿Se va a llevar a cabo con todos los partidos del arco parlamentario? ¿Qué medidas contra el desempleo se van a llevar dentro de dicho pacto?
—Cuando se habla de grandes pactos, yo creo que se habla de grandes impulsos. Pienso que más que un pacto con todos los grandes partidos, que caería en el error gravísimo de institucionalizarse, lo que hay que buscar es un pacto con la gente. Estamos hablando de buscar un acuerdo de Gobierno que ponga acento sobre lo público, para no desmantelar todos los servicios públicos andaluces.
También debe poner énfasis sobre el empleo. En este sentido hay diversas propuestas sobre la mesa, entre otras la ultima campaña de recogida de firmas que está llevando a cabo IU por todos los municipios andaluces para un Plan Especial de Empleo en la agricultura para que no haga depender al campo de un número de jornales determinados.
Estamos hablando de un pacto con los comerciantes y autónomos que permita que se los incentive para que creen empleo, para que salgan adelante, para que se vuelva al comercio familiar, para que volvamos los ojos hacia la potenciación de ese mercado.
Pero, en ningún caso, creemos desde IU en grandes pactos institucionales porque se quedarían en eso. Además, no irían acompañados de sindicatos, pequeños y medianos empresarios, economía social, de la población agrícola… y ese pacto no serviría para nada. Aparte de todo esto, no creo que el PP vaya a comulgar con un pacto que perviva con lo público o que fomente el empleo porque no le interesa ya que ha demostrado que lo que quiere es la destrucción de puestos de trabajo precisamente para beneficiar a la gran empresa y como prueba ahí está la reforma laboral.
—Uno de los puntos principales de vuestro programa electoral era la reforma de la Ley Electoral en Andalucía. ¿Cómo va este tema?
—Creemos que lo primero es la Ley de Participación Ciudadana, que tiene que ir de la mano de la Ley de Transparencia. Una vez que esto salga adelante, vendrá la Reforma de Ley Electoral por sí sola.
—Qué opinión le merece que el diputado autonómico de IULV-CA, Juan Manuel Sánchez Gordillo, haya mostrado su apoyo a la manifestación convocada por la plataforma de apoyo a los presos de ETA.
—He de reconocer que desconozco las circunstancias y el contexto que rodea todo esto. No sé en qué condiciones se pide, ni si eso conlleva un paso político más allá. Pero he de decir que yo sí estoy a favor del acercamiento de cualquier preso, no sólo de los de ETA, a sus lugares de origen. Esa es una de las grandes asignaturas pendientes del sistema penitenciario en este país. Tenemos escasez de cárceles para la gran población reclusa que hay y, teniendo en cuenta que el código penal español es el código penal de los pobres, eso implica que el acercamiento a sus familias es nulo. En muchas ocasiones los familiares no se pueden pagar ni el autobús.
No es que yo quiera la proliferación de cárceles, ni muchísimo menos, pero si este esto es lo que tenemos, el sistema penitenciario debería de estar mucho más humanizado de lo que está ahora. Por tanto, sí, estoy a favor del acercamiento de cualquier preso a su lugar familiar.
—¿Cómo se vive desde IU que las encuestas electorales cada vez favorezcan más a su formación?
—No podía ser de otra manera. Pero Creo que vienen muy marcadas por la situación de crisis. Asistimos también a un gran escepticismo, es decir, nosotros subimos pero la abstención sube también y ese escepticismo es producto de un sistema bipartidista al que le interesa reducir la democracia. Y ahí está Reforma de la Ley Bases de Régimen Local que lo único que trata es de reducir la democracia. Las instituciones en las que más cree el ciudadano, las que le son más directas y cercanas son las primeras que van a atacar.
Ese escepticismo es lo que más me preocupa en estos momentos porque la subida en las encuestas, mientras sigamos siendo honestos, honrados, que lo vamos a seguir siendo, mientras sigamos con la gente y procuremos su participación, esa subida se tiene que dar.
JOSÉ GÁLVEZ / REDACCIÓN