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No es país para trenes

El Gobierno central está procediendo al cierre de decenas de líneas de ferrocarril que conectan cientos de pueblos andaluces y extremeños, localidades con una orografía imposible que, sin tren, quedarán más aisladas de lo que ya se encuentran. Las líneas que van a eliminar de un plumazo, bajo la argumentación de que son deficitarias e “imposibles de mantener por el Estado”, han sido objeto de un abandono premeditado para llegar a la actualidad: pocos usuarios utilizan un medio de transporte que tarda cuatro horas en recorrer poco más de 150 kilómetros.

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Es la lógica del neoliberalismo salvaje. Primero, dejan de invertir en el servicio público; luego, extienden el discurso de que es imposible mantenerlo porque es deficitario para las arcas públicas; posteriormente, se elimina el objeto de deseo para la empresa privada sin que queden usuarios para defenderlo; y finalmente, eliminado el servicio deficitario, todo está listo para privatizar una empresa que será económicamente rentable al cien por cien de probabilidades.

Esta lógica es la que ha matado los ferrocarriles de cercanía españoles. Mientras han ido abandonando los trenes que conectan a mayor número de personas y que son utilizados frecuentemente, tanto PSOE como PP, han ido construyendo una larga red de Alta Velocidad altamente deficitaria, pero en la que se montan las élites económicas y sociales y en la que han sacado rendimiento las empresas constructoras como FCC. Curiosamente, una de las entidades satélites de esta empresa está encausada en la Gürtel por haber hecho donaciones al Partido Popular: “yo te hago un favor y tú me pagas en especie”, parece ser el lema del capitalismo de amiguetes.

Los defensores de acabar con el transporte ferroviario evitan decir que las líneas del AVE también son deficitarias, en virtud de la fiebre electoralista que se ha gastado hasta 200 millones de euros en construir estaciones de Alta Velocidad en pueblos que suman 700 viajeros al año. Tampoco hablan del gran déficit que acumulan los puertos o aeropuertos españoles.

En este caso, las organizaciones empresariales, que actúan como lobby para cerrar el ferrocarril español, defienden que el Estado debe invertir en puertos y aeropuertos que ellos usan para exportar su producción industrial. “Para favorecer a nuestras empresas sí ha de invertir papá Estado; para mantener las líneas de tren que usa la mayoría de la población y que conecta a pueblos aislados con sus capitales más cercanas, no: eso son mamandurrias”, defienden las mismas empresas que conforman el establishment del capitalismo de amiguetes.

Empresas, por cierto, que son concesionarias de las autopistas de peaje y que han sido rescatadas por el Gobierno de España por valor de 3.000 millones de euros. Las líneas que han cerrado te transportaban desde Sevilla a Mérida (180 kilómetros: hora y media en coche) en casi cinco horas. Eso sí, en un tren modernísimo que transitaba por vías del siglo XIX. Los trenes modernísimos también ha sido comprados a las empresas que forman parte del capitalismo de amiguetes.

Además de la lógica neoliberal –que señala a su presa antes de asestarle el golpe para que ya nadie pueda defenderla- en el cierre de las líneas ferroviarias entre Andalucía y Extremadura (o entre Granada y Jaén), funciona la lógica centralista en la que todo nace y muere Madrid y que planifica desde Madrid cómo nos debemos comunicar en la periferia, sin conocer la situación geográfica del territorio al que aíslan por un millón de euros de déficit que supone una línea que conecta Sevilla con Llerena (Badajoz), frente a los 3.000 millones de euros que nos va a costar rescatar a las empresas concesionarias de las autopistas de peaje.

RAÚL SOLÍS
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