¿Qué hay en común entre Franco, Trump, el procés y el Brexit? Pues que son asuntos que acaparan nuestra atención en un momento especialmente decisivo, cual es la repetición de elecciones generales en nuestro país. Son tantas las incertidumbres que penden sobre nuestro voto que el resultado de las urnas será inevitablemente insatisfactorio, en el sentido de que no contentará a nadie y volverá a estar abierto a cuantas interpretaciones se le quiera dar, dependiendo del prisma particular con el que se enfoque.
Por un lado está la exhumación del dictador Francisco Franco, una anomalía política y una deuda ética que debían resolverse pese a que los franquistas las consideren una profanación. Añádanse a este ambiente preelectoral las provocaciones del ínclito Donald Trump, el presidente más imprevisible, visceral y mentiroso de la historia de Estados Unidos, capaz de hundir la economía de cualquier país, como el nuestro, mediante un exabrupto escrito en su cuenta de Twitter con el que impone aranceles a las importaciones que se le antojen, y de traicionar a sus aliados en guerras periféricas a causa de un cambio repentino en su estado de ánimo.
Por si fuera poco, el caótico Brexit por el que Inglaterra pretende abandonar la Unión Europea (UE), ya sin apenas tiempo para hacerlo de manera ordenada y pendiente únicamente de una prórroga, que el premier británico se niega solicitar, que evite un descortés portazo por parte de un socio que nunca estuvo contento de su pertenencia al club.
Todos estos asuntos, entre otros muchos, son aristas de una realidad, tanto nacional como internacional, que nos afectan de pleno e influyen a la hora de elegir, por segunda vez este año, un Gobierno en España que haga frente a una coyuntura compleja y entrelazada, sin que nos ocasione “daños colaterales”.
En medio de todo ello, explosiona la sentencia del procés, como traca final que llena de ruido un escenario de incertidumbres, justamente antes de ir a las urnas. Por tanto, no resulta exagerado decir que, en esta ocasión, con la papeleta del voto nos jugamos nuestro futuro en una partida de carambolas a varias bandas. Y toca tirar.
Por lo pronto, ya hay dos hechos en vías de solución: Franco acabará en el cementerio de El Pardo, como corresponde a los que fallecen en ese municipio, y los autores del desafío catalán de otoño de 2017, cuando celebraron un referendo ilegal y proclamaron fugazmente una república, acaban de ser condenados en plazo y forma, tras un escrupuloso procedimiento judicial del que, guste más o menos, no puede decirse que haya sido arbitrario ni que obviara las garantías y derechos de los imputados, conforme se espera de la Justicia en un Estado de Derecho.
Ambos asuntos, ya solventados, tendrán no escasa influencia en la orientación de nuestro voto, y así procurarán recordárnoslo los partidos en liza electoral, bien para echárnoslo en cara, bien para atraer nuestra confianza. Porque, que Franco descanse definitivamente en una sepultura privada, será valorado de oportunismo por toda la oposición, al objetar de electoralista una medida que el Gobierno en funciones ha concluido precisamente en el momento actual, y no se reconocerá que se trata de una iniciativa que venía de antaño, precedida de un acuerdo parlamentario, una decisión gubernamental, unos recursos judiciales y, a la postre, un resultado final que solo podía ser el de la exhumación: sacar los restos del dictador de un mausoleo público en el que era enaltecido para que reposen en una tumba privada y exclusivamente familiar.
Pero también, no por esperada menos trascendente, la sentencia del Tribunal Supremo, que condena a los inculpados catalanes por delitos de sedición a penas de hasta 13 años de prisión e inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, provocará la visceralidad acostumbrada en las calles de minoritarios pero ruidosos sectores soberanistas de la política y sociedad catalanas, y también la insatisfacción de quienes esperaban castigos todavía mayores, como los que se reservan para los delitos de rebelión, que exige el uso expreso de la violencia para quebrantar la Constitución.
Los políticos catalanes encausados han sido condenados después de un proceso judicial ejemplarmente desarrollado, que ha fallado una sentencia firmada por unanimidad del Tribunal, en un caso que ha supuesto el mayor desafío a nuestro sistema constitucional y a la legalidad democrática que de él aflora.
De unos y de otros, los que toman la sentencia como una “venganza” como los que la consideran demasiado “benigna”, se espera simplemente que la acaten y pasen página, sin perjuicio de que los condenados dispongan de la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional y otras instancias europeas. Y que todos comprendan que la primera exigencia de la democracia es el respeto a ley, puesto que sin la una no es posible la otra, y viceversa.
Algo que deberán asumir los condenados y sus partidarios a la hora de perseguir o propugnar objetivos políticos por vías que quiebran el ordenamiento legal de nuestro país. A partir de esta sentencia, los políticos y colectivos independentistas de Cataluña –o de cualquier otra región– podrán legítimamente luchar por sus ideales de manera libre, pero con respeto a la legalidad constitucional. Es lo que diferencia a un demócrata de un subversivo radical en cualquier país democrático.
No obstante, no se puede descartar que esta sentencia sea utilizada como munición electoralista por las formaciones que se enfrentan en los próximos comicios. Y no deberían hacerlo porque, entre otros motivos, ni el Gobierno del Partido Popular ni el del PSOE, ambos partidos con responsabilidad en este conflicto, han hecho dejación de sus funciones.
Por el contrario, han defendido desde sus respectivas posiciones la Constitución y las leyes, en la medida y la fuerza en que han creído oportunas, ya sea intentando dialogar o aplicando la suspensión de una autonomía. Es decir, ni Sánchez (presidente en funciones) es un traidor anticonstitucionalista por explorar vías de diálogo, ni Rajoy (anterior presidente) era un autoritario centralista por aplicar el Artículo 155 en Cataluña.
Han actuado conforme a prerrogativas establecidas, aunque no hayan acertado en cada una de sus decisiones. Los adalides de la legalidad deberán confrontar otros asuntos y dejar el conflicto soberanista donde la Justicia lo ha ubicado. Habrán de ser otros, por tanto, los temas que deberían centrar el debate en las inminentes elecciones generales.
Incluso el Brexit, que podría depararnos sorpresas desagradables a nivel económico, pero también político (no olvidemos que mantenemos frontera directa con una colonia inglesa), debería inferir en el sentido de nuestro voto el próximo 10 de noviembre. El turismo, los intercambios comerciales y los nacionales residentes en Reino Unido son aspectos de la cuestión que nos preocupan, de igual modo que la sinceridad europeísta de nuestro país con el proyecto común al que nos unimos recién restaurada la democracia en España.
Es verdad que existen formaciones, afortunadamente residuales, que abogan por un aislacionismo populista, al estilo de Trump y su ideólogo Bannon, y por la unilateralidad en las relaciones entre los Estados, como fórmula mágica que resolvería todos nuestros problemas, sean migratorios como comerciales, incluyendo en el mismo saco las tensiones territoriales, la “ideología” feminista y ese “progresismo” intolerable que relativiza la “buena” moral de la sociedad.
Solos no se está mejor que unidos, por mucho que Inglaterra pregone lo contrario. La UE en es un competidor formidable que puede hacer frente, gracias a la fuerza de su conjunto, a las amenazas y retos no sólo de EE UU, sino de la irreversible globalización de la economía y el mercado.
Y los valores que Europa representa, que descansan en la libertad, la democracia, los Derechos Humanos, la igualdad y la solidaridad, y que hacen de esta parte del mundo el mejor sitio para vivir, no pueden ponerse en cuestión en la disputa electoral del próximo 10 de noviembre, aunque apelen a nuestras emociones con “cantos” de sirena a la seguridad, nuestra identidad y a los miedos que nos insuflan con falsas alarmas catastrofistas. Son otras, nuevamente, las cuestiones que deberían decidir nuestro voto.
Por consiguiente, no es Trump, ni el Brexit, ni el procés, ni Franco lo que nos debe mover al colegio electoral para cumplir con nuestro deber democrático de elegir a nuestros gobernantes, sino las propuestas que nos ofrezcan credibilidad sobre el futuro inmediato de nuestro país, las iniciativas para fomentar el empleo de calidad y en cantidad, las ideas para recuperar una enseñanza rigurosa y sin sectarismos ideológicos que permita a nuestros hijos estar mejor preparados en un mundo sin fronteras y competitivo, los anuncios viables de estabilidad y seguridad del sistema público de pensiones, las garantías de una sanidad acorde con los avances de la medicina al servicio de toda la población, el fortalecimiento de nuestro Estado de Bienestar y sus sistemas de protección a los más desfavorecidos, la reordenación de las ciudades para hacerlas más humanas y seguras, la protección del medioambiente y la sostenibilidad de nuestros procesos industriales, y la progresiva ampliación de derechos y libertades que haga más justa, equitativa, igualitaria y plural a nuestra sociedad y nuestro modelo de convivencia.
Estas cuestiones, por señalar algunas, han de constituir las preocupaciones que nos impulsen a depositar nuestra confianza en los partidos que merezcan nuestro voto en las próximas elecciones, y nos hagan desconfiar de quienes intentan atraernos con los Franco, Trump, el Brexit y el procés de sus propagandas. Ya no han engañado muchas veces.
Por un lado está la exhumación del dictador Francisco Franco, una anomalía política y una deuda ética que debían resolverse pese a que los franquistas las consideren una profanación. Añádanse a este ambiente preelectoral las provocaciones del ínclito Donald Trump, el presidente más imprevisible, visceral y mentiroso de la historia de Estados Unidos, capaz de hundir la economía de cualquier país, como el nuestro, mediante un exabrupto escrito en su cuenta de Twitter con el que impone aranceles a las importaciones que se le antojen, y de traicionar a sus aliados en guerras periféricas a causa de un cambio repentino en su estado de ánimo.
Por si fuera poco, el caótico Brexit por el que Inglaterra pretende abandonar la Unión Europea (UE), ya sin apenas tiempo para hacerlo de manera ordenada y pendiente únicamente de una prórroga, que el premier británico se niega solicitar, que evite un descortés portazo por parte de un socio que nunca estuvo contento de su pertenencia al club.
Todos estos asuntos, entre otros muchos, son aristas de una realidad, tanto nacional como internacional, que nos afectan de pleno e influyen a la hora de elegir, por segunda vez este año, un Gobierno en España que haga frente a una coyuntura compleja y entrelazada, sin que nos ocasione “daños colaterales”.
En medio de todo ello, explosiona la sentencia del procés, como traca final que llena de ruido un escenario de incertidumbres, justamente antes de ir a las urnas. Por tanto, no resulta exagerado decir que, en esta ocasión, con la papeleta del voto nos jugamos nuestro futuro en una partida de carambolas a varias bandas. Y toca tirar.
Por lo pronto, ya hay dos hechos en vías de solución: Franco acabará en el cementerio de El Pardo, como corresponde a los que fallecen en ese municipio, y los autores del desafío catalán de otoño de 2017, cuando celebraron un referendo ilegal y proclamaron fugazmente una república, acaban de ser condenados en plazo y forma, tras un escrupuloso procedimiento judicial del que, guste más o menos, no puede decirse que haya sido arbitrario ni que obviara las garantías y derechos de los imputados, conforme se espera de la Justicia en un Estado de Derecho.
Ambos asuntos, ya solventados, tendrán no escasa influencia en la orientación de nuestro voto, y así procurarán recordárnoslo los partidos en liza electoral, bien para echárnoslo en cara, bien para atraer nuestra confianza. Porque, que Franco descanse definitivamente en una sepultura privada, será valorado de oportunismo por toda la oposición, al objetar de electoralista una medida que el Gobierno en funciones ha concluido precisamente en el momento actual, y no se reconocerá que se trata de una iniciativa que venía de antaño, precedida de un acuerdo parlamentario, una decisión gubernamental, unos recursos judiciales y, a la postre, un resultado final que solo podía ser el de la exhumación: sacar los restos del dictador de un mausoleo público en el que era enaltecido para que reposen en una tumba privada y exclusivamente familiar.
Pero también, no por esperada menos trascendente, la sentencia del Tribunal Supremo, que condena a los inculpados catalanes por delitos de sedición a penas de hasta 13 años de prisión e inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, provocará la visceralidad acostumbrada en las calles de minoritarios pero ruidosos sectores soberanistas de la política y sociedad catalanas, y también la insatisfacción de quienes esperaban castigos todavía mayores, como los que se reservan para los delitos de rebelión, que exige el uso expreso de la violencia para quebrantar la Constitución.
Los políticos catalanes encausados han sido condenados después de un proceso judicial ejemplarmente desarrollado, que ha fallado una sentencia firmada por unanimidad del Tribunal, en un caso que ha supuesto el mayor desafío a nuestro sistema constitucional y a la legalidad democrática que de él aflora.
De unos y de otros, los que toman la sentencia como una “venganza” como los que la consideran demasiado “benigna”, se espera simplemente que la acaten y pasen página, sin perjuicio de que los condenados dispongan de la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional y otras instancias europeas. Y que todos comprendan que la primera exigencia de la democracia es el respeto a ley, puesto que sin la una no es posible la otra, y viceversa.
Algo que deberán asumir los condenados y sus partidarios a la hora de perseguir o propugnar objetivos políticos por vías que quiebran el ordenamiento legal de nuestro país. A partir de esta sentencia, los políticos y colectivos independentistas de Cataluña –o de cualquier otra región– podrán legítimamente luchar por sus ideales de manera libre, pero con respeto a la legalidad constitucional. Es lo que diferencia a un demócrata de un subversivo radical en cualquier país democrático.
No obstante, no se puede descartar que esta sentencia sea utilizada como munición electoralista por las formaciones que se enfrentan en los próximos comicios. Y no deberían hacerlo porque, entre otros motivos, ni el Gobierno del Partido Popular ni el del PSOE, ambos partidos con responsabilidad en este conflicto, han hecho dejación de sus funciones.
Por el contrario, han defendido desde sus respectivas posiciones la Constitución y las leyes, en la medida y la fuerza en que han creído oportunas, ya sea intentando dialogar o aplicando la suspensión de una autonomía. Es decir, ni Sánchez (presidente en funciones) es un traidor anticonstitucionalista por explorar vías de diálogo, ni Rajoy (anterior presidente) era un autoritario centralista por aplicar el Artículo 155 en Cataluña.
Han actuado conforme a prerrogativas establecidas, aunque no hayan acertado en cada una de sus decisiones. Los adalides de la legalidad deberán confrontar otros asuntos y dejar el conflicto soberanista donde la Justicia lo ha ubicado. Habrán de ser otros, por tanto, los temas que deberían centrar el debate en las inminentes elecciones generales.
Incluso el Brexit, que podría depararnos sorpresas desagradables a nivel económico, pero también político (no olvidemos que mantenemos frontera directa con una colonia inglesa), debería inferir en el sentido de nuestro voto el próximo 10 de noviembre. El turismo, los intercambios comerciales y los nacionales residentes en Reino Unido son aspectos de la cuestión que nos preocupan, de igual modo que la sinceridad europeísta de nuestro país con el proyecto común al que nos unimos recién restaurada la democracia en España.
Es verdad que existen formaciones, afortunadamente residuales, que abogan por un aislacionismo populista, al estilo de Trump y su ideólogo Bannon, y por la unilateralidad en las relaciones entre los Estados, como fórmula mágica que resolvería todos nuestros problemas, sean migratorios como comerciales, incluyendo en el mismo saco las tensiones territoriales, la “ideología” feminista y ese “progresismo” intolerable que relativiza la “buena” moral de la sociedad.
Solos no se está mejor que unidos, por mucho que Inglaterra pregone lo contrario. La UE en es un competidor formidable que puede hacer frente, gracias a la fuerza de su conjunto, a las amenazas y retos no sólo de EE UU, sino de la irreversible globalización de la economía y el mercado.
Y los valores que Europa representa, que descansan en la libertad, la democracia, los Derechos Humanos, la igualdad y la solidaridad, y que hacen de esta parte del mundo el mejor sitio para vivir, no pueden ponerse en cuestión en la disputa electoral del próximo 10 de noviembre, aunque apelen a nuestras emociones con “cantos” de sirena a la seguridad, nuestra identidad y a los miedos que nos insuflan con falsas alarmas catastrofistas. Son otras, nuevamente, las cuestiones que deberían decidir nuestro voto.
Por consiguiente, no es Trump, ni el Brexit, ni el procés, ni Franco lo que nos debe mover al colegio electoral para cumplir con nuestro deber democrático de elegir a nuestros gobernantes, sino las propuestas que nos ofrezcan credibilidad sobre el futuro inmediato de nuestro país, las iniciativas para fomentar el empleo de calidad y en cantidad, las ideas para recuperar una enseñanza rigurosa y sin sectarismos ideológicos que permita a nuestros hijos estar mejor preparados en un mundo sin fronteras y competitivo, los anuncios viables de estabilidad y seguridad del sistema público de pensiones, las garantías de una sanidad acorde con los avances de la medicina al servicio de toda la población, el fortalecimiento de nuestro Estado de Bienestar y sus sistemas de protección a los más desfavorecidos, la reordenación de las ciudades para hacerlas más humanas y seguras, la protección del medioambiente y la sostenibilidad de nuestros procesos industriales, y la progresiva ampliación de derechos y libertades que haga más justa, equitativa, igualitaria y plural a nuestra sociedad y nuestro modelo de convivencia.
Estas cuestiones, por señalar algunas, han de constituir las preocupaciones que nos impulsen a depositar nuestra confianza en los partidos que merezcan nuestro voto en las próximas elecciones, y nos hagan desconfiar de quienes intentan atraernos con los Franco, Trump, el Brexit y el procés de sus propagandas. Ya no han engañado muchas veces.
DANIEL GUERRERO
